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El Gobierno aprueba un decreto contra los ‘falsos autónomos’.

El consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que constituye un paso más hacia la regulación de los ‘falsos autónomos’. Así comienza un nuevo camino para combatir el uso fraudulento que realizan las empresas con la figura del autónomo. Con la vigencia de este decreto se pretende integrar a 40.000 falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social.

El objetivo de esta nueva medida es el de reducir el empleo precario y evitar que las empresas obstaculicen las labores de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando la inspección de trabajo detecta altas irregulares.

 

Este proceso será iniciado por el órgano de Inspección de Trabajo y Seguridad social, el cuál determinará si en una empresa existen trabajadores en calidad de autónomos cuando en realidad cumplen las condiciones laborales de asalariados.

A partir de este momento, los informes de la inspección de trabajo y Seguridad Social dejarán de ser potestativos para ser preceptivos (obligan a que se cumpla lo que dictamine la Inspección) y así resolver las solicitudes de baja que se realicen tras las altas de oficio.

 

Otro de los cambios que se han producido en el reglamento es que, una vez la Inspección inicie la investigación, dejarán inmediatamente la condición de falsos autónomos y pasarán al Régimen General hasta la finalización de este procedimiento, al contrario de lo que ocurría antes.

Tal y cómo figura en los datos que ha proporcionado el Ministerio de Trabajo, esta modificación de la normativa del PAE podría beneficiar hasta 41.000 desempleados de larga duración, alcanzando un coste de 53 millones de euros, dotación ya prevista en los Presupuestos.

 

Por otro lado, los ‘falsos autónomos’ están protegidos y no se verán implicados a pagar ninguna sanción porque se les considera víctima de este tipo de relación laboral.

 

Sin embargo, las empresas que realicen este tipo de contrataciones, si estarán cometiendo una grave infracción por no respetar los derechos de los trabajadores y por cometer un fraude a la Seguridad Social. Esta sanción correspondería a una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 10.000 euros. Además de todo esto, estarán obligadas a pagar todas las cuotas que deberían haber pagado a los empleados si hubieran sido asalariados durante los últimos 4 años, y hacer frente a un recargo que podría alcanzar el 150%.

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