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Aplicación de la Ley de contratos del Sector Público

La entrada en vigor de la Ley  de Contratos del Sector Público 9/2017 el 9 de marzo pretende garantizar la accesibilidad universal en la contratación pública, así como mejorar la competencia en las licitaciones.

Para ello, introduce ciertas novedades:

Subcontratación sin límites y con carácter general.

Contratación electrónica: Se considerará un requisito obligatorio a la hora de entrar en los procesos, ya que ésta proporciona una mayor seguridad y, por tanto, un freno a las malas prácticas en materia de contratación.

Principio de integridad: Es una de las claves de la contratación pública, y su finalidad es la prevención de conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción.

Desaparición del contrato de colaboración entre el sector público y el privado.

Cambios en cuanto a la denominación: se sustituye “criterios de valoración de ofertas” por “criterios de adjudicación del contrato” y “oferta económicamente más ventajosa por “mejor relación calidad-precio”.

Reorganización de los contratos: Este es uno de los puntos más importantes. Un contrato de gestión de servicios solo puede durar como máximo un año.

División en lotes: Con el objetivo de abrir la contratación a la pequeña y mediana empresa, y siempre que la naturaleza del contrato lo permita, se fomentará este tipo de contratación.

Nueva regulación de las Mesas de Contratación: Los cargos públicos representativos y el personal eventual no podrán formar parte de las mismas.

Creación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Proyectos, e integrado a ella, la Oficina Nacional de Evaluación, con el fin de garantizar la libre concurrencia y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones.

La aplicación de esta ley afectará principalmente a los partidos políticos, a organizaciones sindicales y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos cuya financiación sea mayoritariamente pública.

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